En las últimas dos décadas, la justicia argentina ha condenado a 1.208 personas, en su mayoría militares y policías, que cometieron crímenes de lesa humanidad como secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones y robo de bebés durante la última dictadura militar del país sudamericano (1976-1983).
Así lo revela el informe más reciente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que da cuenta del alcance de un proceso inédito a nivel mundial, ya que Argentina es el país que ha juzgado a un mayor número de represores con tribunales propios, no internacionales.
La lista de condenados está encabezada por los dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, quienes lideraron una represión que duró siete años, ocho meses y 16 días y que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.
Desde que los juicios se reanudaron en 2006, han sido investigadas 3.875 personas, de las cuales 1.252 ya fallecieron; 500 fueron imputadas; 316, procesadas; 247, absueltas; y 102, sobreseídas. A 176 se les dictó falta de mérito y 74 más enfrentaron indagatorias.
Entre los acusados que siguen bajo investigación, 1.540 enfrentan el proceso judicial en libertad, en tanto que otros 515 están detenidos. A ellos se les suman 33 prófugos y 1.762 que fallecieron antes de que terminaran los juicios en su contra.
Por otra parte, los presos se dividen entre los 434 que cumplen arresto domiciliario; 62 que están en la cárcel militar Campo de Mayo; y 18 que siguen en prisiones comunes adscritas al servicio penitenciario. El rango etario predominante va de 76 a 80 años.
Luchar por la justicia
La historia de los juicios de lesa humanidad en Argentina ha sido larga y compleja.
En 1985, dos años después de terminada la dictadura, se realizó el llamado "Juicio a las Juntas", que permitió que Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, quienes encabezaron los últimos gobiernos militares, fueran condenados a penas de entre cuatro años y seis meses y cadena perpetua.
Al año siguiente, sin embargo, miles de represores fueron beneficiados por la Ley de Obediencia Debida, que consideró que los subordinados a los dictadores solo habían cumplido órdenes y, por lo tanto, no serían juzgados; y la Ley de Punto Final, que establecía una caducidad para sus crímenes. Fueron conocidas como las "leyes de impunidad".
El único delito que quedó vigente fue el robo y apropiación de bebés nacidos en los centros clandestinos de detención, ya que cientos de mujeres fueron secuestradas y torturadas a pesar de que estaban embarazadas. Después de parir, en su mayoría eran asesinadas y sus hijos, entregados en adopciones ilegales.
En 1989, el presidente Carlos Menem benefició con indultos a los pocos represores que habían sido condenados. En un afán de equiparar los crímenes cometidos por el Estado y por "los subversivos", el presidente también indultó al exjefe de Montoneros, la principal guerrilla que había sido combatida por la dictadura, y a varios de sus miembros.
El clima de impunidad se expandió, pero los organismos de derechos humanos jamás dejaron de luchar y de exigir justicia. El panorama cambió por completo en 2003, a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.
Ese año, el Congreso anuló las "leyes de impunidad" y en 2005, la Corte Suprema tomó la misma decisión. Así, a partir de 2006 pudieron reactivarse cientos de juicios de lesa humanidad que hoy continúan.
Escenas repetidas
En los juicios, las escenas se repiten: familiares y amigos de las víctimas se sientan en el área destinada para el público; los jueces, en un estrado central y siempre más alto; los fiscales, la querella y los abogados defensores se distribuyen en la sala. Los acusados, en los asientos que les asignan.
Y muy cerca de ellos pasan los testigos, muchos de ellos sobrevivientes de torturas que reviven su historia de secuestros, torturas y violaciones ocurridas en las más de 800 cárceles clandestinas que operaron los represores.
Para ningún testigo es fácil. Se sienten protagonistas de una especie de representación teatral dramática que, al salir, ellos mismos califican como pesadillesca, irreal, tortuosa, agobiante o inverosímil. El esfuerzo de memoria es agotador porque tienen que recordar hechos, direcciones, fechas, horarios, nombres, colores, descripciones físicas o de lugares, situaciones que vivieron hace décadas y que recién ahora la Justicia está castigando.
Las sentencias de estos juicios, que reavivan recuerdos dolorosos, son emotivas. Cada vez que un tribunal declara culpable a un represor, los testigos y sobrevivientes parten de los tribunales con una reparadora sensación de justicia, entre gritos de apoyo y aplausos de militantes de organizaciones de derechos humanos que, después de cinco décadas, siguen firmes, en pie de lucha.
