El canciller de Alemania y el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, presentó tiempo atrás numerosas demandas penales por difamación, reportó este domingo Welt, citando documentos exclusivos a los que tuvo acceso.
El medio tuvo acceso a denuncias penales, expedientes de investigación y cartas de abogados de Merz, que indican que desde 2021, cuando aún era líder de la oposición de la CDU/CSU, debió haber presentado cientos de querellas criminales por insultos. La Oficina parlamentaria del canciller confirmó en gran medida los hechos, afirmando que el político "había iniciado un proceso penal por varios insultos dirigidos contra él en redes sociales durante la última legislatura".
Las solicitudes presentadas por el político normalmente están firmadas por el abogado Alexander Brockmeier, quien cofundó la empresa So Done ('Tan harto'), una agencia que busca en redes posibles ofensas de forma gratuita para sus clientes y luego presenta demandas civiles. El 50 % de ello lo recibe So Done y así financia su proyecto de rastreo de Internet, que pretende luchar contra el odio.
No obstante, desde Welt señalan que, en realidad, la compañía "actúa gratuitamente para las personas más poderosas del país, miembros del Gobierno y del Bundestag, en contra de la ira de la gente común". Varios representantes de la alianza CDU/CSU informan que Merz había utilizado los servicios de So Done, pero que ahora ya no recurre a ellos.
Casi 5.000 denuncias y registros domiciliarios
De acuerdo con Welt, cuando Merz era diputado, presentó denuncias contra personas que, entre otras cosas, lo llamaron "pequeño nazi", "imbécil" o "maldito borracho". Según documentos enumerados hasta la demanda número 4.999, en los casos de "pequeño nazi" y "maldito borracho" se llevaron a cabo registros domiciliarios en las viviendas de los acusados, mientras que el registro por este último insulto fue posteriormente declarado ilegal por un tribunal.
El abogado que representó al acusado del insulto "maldito borracho" explicó que, si bien cualquier persona es libre de presentar una querella penal, el problema es la reacción "absolutamente desproporcionada de la Justicia", ya que si considera proporcionados los registros domiciliarios por injurias, en la práctica desaparece el principio de proporcionalidad y se impone una arbitrariedad incompatible con el Estado de derecho.
En el caso del insulto "pequeño nazi", la acusada —una mujer mayor, con discapacidad física y usuaria de silla de ruedas— admitió de inmediato los hechos cuando llegó la Policía. A pesar de ello, se le confiscó el teléfono móvil como presunta prueba.
La mujer, que afirma tener raíces judías y dice alertar sobre un nuevo fascismo que ve representado en Merz, vive de ayudas públicas y está atendida por un servicio de cuidados, por lo que su teléfono es esencial para comunicarse con médicos, cuidadores y la farmacia. La retirada del aparato puede interpretarse como una sanción innecesaria e incluso peligrosa para su salud.
- Las revelaciones llegan en el momento en que, según datos del Instituto INSA para el periódico Bild, la coalición de Gobierno alemán CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) afronta su peor crisis de credibilidad desde su formación en mayo, ya que el 70 % de los encuestados desaprueba el desempeño de la coalición. El nivel de aprobación del Gobierno ha descendido hasta el 21 %.
- El propio Friedrich Merz también está perdiendo confianza. Más de dos tercios de los encuestados (68 %) están descontentos con su gestión, mientras que apenas el 23 % lo valora positivamente.
